El Gobierno peruano impulsa cambios para ampliar las perforaciones exploratorias y propone un nuevo régimen para formalizar a pequeños mineros. Argentina también avanzó en la simplificación de trámites, aunque el desafío sigue siendo combinar agilidad, control ambiental y previsibilidad.
Menos trabas para explorar
Perú impulsa cambios administrativos para facilitar el avance de los proyectos mineros, desde la exploración hasta la construcción y operación. Las medidas fueron presentadas por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, durante el Segundo Encuentro Latinoamericano de Asociaciones de Túneles y Espacios Subterráneos.
Entre los cambios informados figura la ampliación de 40 a 60 plataformas de perforación contempladas en determinadas declaraciones de impacto ambiental. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) también propuso un mecanismo de aprobación automática, mediante declaración jurada y sujeto al cumplimiento de condiciones, para las primeras diez plataformas.
El objetivo es reducir tiempos administrativos y facilitar la identificación del potencial geológico de las concesiones. La exploración es una etapa decisiva para determinar si existen recursos minerales que justifiquen continuar con estudios y avanzar hacia el desarrollo de un yacimiento.
Perú cuenta, según los datos difundidos por su cartera minera, con una cartera de 66 proyectos valuada en más de US$ 64.000 millones. En ese contexto, el Gobierno considera que la agilización de permisos puede contribuir a impulsar inversiones y sostener la producción futura.
Formalización de la pequeña minería
El segundo eje es diferente: la situación de los pequeños mineros y mineros artesanales que todavía no completaron su formalización.
El registro peruano REINFO tiene vencimiento previsto para el 31 de diciembre de 2026 y, de acuerdo con las declaraciones del ministro, el Gobierno no contempla una nueva prórroga. Frente a ese escenario, el MINEM impulsa una propuesta de Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).
La iniciativa busca establecer reglas más claras y un proceso de formalización adaptado a las características de estas actividades, con asistencia técnica y mecanismos de supervisión. También plantea distinguir a quienes desarrollan operaciones de pequeña escala dentro de un proceso de formalización de aquellos que realizan minería ilegal o utilizan el registro para amparar actividades fuera de la normativa.
Se trata de una propuesta legislativa y no de un régimen ya vigente. Su implementación dependerá de la aprobación correspondiente y de las condiciones que finalmente establezca el marco normativo.
Qué puede aportar esta experiencia al debate argentino
Argentina ya cuenta con medidas de simplificación para el sector. En junio de 2026, el Gobierno nacional actualizó la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras mediante el Decreto 482/2026. Entre otros cambios, incorporó herramientas digitales y optimizó procedimientos vinculados con beneficios fiscales y trámites de las empresas inscriptas.
En septiembre, además, la Secretaría de Minería simplificó el procedimiento para acceder a beneficios relacionados con la importación de maquinaria, insumos y bienes de capital destinados a la actividad. La reforma reemplazó autorizaciones previas por declaraciones juradas digitales y estableció mecanismos de trazabilidad y fiscalización posterior.
Por eso, la experiencia peruana no representa una novedad absoluta para Argentina. La comparación resulta útil para analizar cómo se diseñan los procedimientos, qué requisitos pueden simplificarse y cómo se mantiene la capacidad estatal de supervisión.
Una posible enseñanza es la necesidad de diferenciar los trámites según la etapa y las características de cada actividad. La exploración inicial, la construcción de una mina y la operación de un proyecto presentan necesidades técnicas y riesgos distintos. Los procedimientos pueden adaptarse a esas diferencias, siempre que se mantengan las exigencias ambientales y los controles que correspondan.
En el caso de la pequeña minería, el desafío es aún más específico: facilitar la incorporación a la legalidad sin confundir la formalización con una autorización para operar al margen de las normas.
Agilidad, controles y previsibilidad
Para un país con proyectos de cobre, litio, oro y plata en distintas etapas de desarrollo, los tiempos administrativos son un componente relevante de la inversión. Sin embargo, reducir trámites no garantiza por sí solo que un proyecto avance: también intervienen la disponibilidad de financiamiento, la infraestructura, la evaluación ambiental, la aceptación social y las condiciones económicas.
El debate de fondo para Argentina no pasa simplemente por acelerar permisos, sino por establecer procesos previsibles, proporcionales a cada etapa y con responsabilidades claras para empresas y organismos públicos.
La experiencia peruana permite observar dos desafíos complementarios: generar condiciones para que la exploración identifique nuevos recursos y construir mecanismos efectivos para que las actividades de pequeña escala se desarrollen dentro de la legalidad. Son cuestiones diferentes, pero ambas forman parte de una discusión regional sobre cómo aprovechar el potencial mineral sin debilitar los controles.
Mercado
Cotizaciones en vivo
Dólar en Argentina
Commodities
