La adjudicación de parte del campamento de Vicuña a un consorcio con empresas chinas y el debate sobre el “compre local” volvieron a poner en discusión una cuestión central: cómo lograr que las grandes inversiones mineras generen una cadena de valor argentina sin encarecer los proyectos.
El crecimiento de la minería argentina abre una oportunidad que va mucho más allá de la producción de cobre, oro, litio o plata. El desafío es lograr que una parte cada vez mayor de la inversión se transforme también en empresas, empleo, tecnología y capacidad industrial dentro del país.
La discusión volvió a tomar fuerza a partir de la adjudicación de una parte de la ampliación del campamento Batidero, de Vicuña, a un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la argentina RAFA. La propuesta seleccionada fue de unos US$52 millones, frente a una oferta de alrededor de US$70 millones presentada por la empresa argentina Modular Homes.
La diferencia de precio se convirtió rápidamente en uno de los ejemplos más visibles del debate sobre el lugar que tendrán los proveedores nacionales en los grandes proyectos mineros que comienzan a desarrollarse bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El RIGI y el límite del “compre local”
El régimen establece un compromiso de desarrollo de proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado al pago de proveedores de bienes y obras, pero bajo una condición importante: que exista oferta local disponible y en condiciones de mercado en materia de precio y calidad.
Esto significa que el RIGI no establece que cada contrato deba quedar en manos de una empresa argentina ni que un proyecto tenga que comprar localmente independientemente de los costos.
Y ahí aparece una de las principales dificultades.
Una compañía que invierte miles de millones de dólares necesita ser competitiva a escala internacional. Si un proveedor nacional no puede igualar precio, calidad, volumen, plazos o capacidad de entrega, la empresa tendrá incentivos para buscar alternativas en otros mercados.
El caso Vicuña expuso justamente esa diferencia: US$18 millones separaron las dos ofertas conocidas públicamente para el campamento, aunque no se conocen todos los componentes técnicos y comerciales de las propuestas como para atribuir exclusivamente esa brecha al origen de los módulos.
La otra cara: una oportunidad que Argentina no puede desaprovechar
El problema aparece cuando la competitividad de corto plazo termina impidiendo construir capacidades que podrían ser estratégicas en el largo plazo.
La minería necesita campamentos, estructuras, transporte, mantenimiento, ingeniería, software, servicios profesionales, equipamiento, logística, alimentación, indumentaria, seguridad, comunicaciones y una larga lista de bienes y servicios.
Si esos requerimientos son abastecidos mayoritariamente desde el exterior, la inversión minera puede crecer sin que crezca en la misma proporción el entramado industrial argentino.
Por eso, el debate no debería reducirse a “comprar argentino” contra “importar más barato”. La discusión más importante es cómo lograr que empresas argentinas alcancen escala y competitividad suficientes para convertirse en proveedores de grandes proyectos.
De hecho, el propio Estado nacional mantiene actualmente herramientas específicas para identificar y fortalecer proveedores estratégicos vinculados con grandes inversiones y con el RIGI.
Escala: el argumento que plantea el Gobierno
En este punto tomó relevancia el planteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien cuestionó las normas provinciales que obligan o incentivan a las compañías mineras y energéticas a contratar proveedores de cada jurisdicción.
Su argumento es que fragmentar la contratación por provincia puede impedir que las empresas alcancen la escala necesaria para competir y terminar elevando los costos de los proyectos.
El planteo tiene una lógica económica: un proveedor que pueda trabajar para varios proyectos y distintas provincias tendrá más posibilidades de invertir, especializarse, incorporar tecnología y reducir costos.
Pero también existe la otra preocupación: si la escala se construye únicamente con grandes contratistas internacionales, las pequeñas y medianas empresas argentinas pueden quedar afuera precisamente del ciclo de inversión que debería ayudarlas a crecer.
El verdadero desafío
Argentina tiene por delante una oportunidad inédita con el desarrollo de nuevos proyectos de cobre y la expansión de la minería metalífera.
El desafío no parece ser elegir entre proveedores locales o extranjeros, sino construir una cadena de proveedores argentinos capaz de competir con los estándares internacionales.
Eso requiere financiamiento, tecnología, certificaciones, capacitación, infraestructura, previsibilidad y, sobre todo, contratos que permitan a las empresas nacionales alcanzar escala.
Para las provincias mineras, además, el desarrollo de proveedores tiene una dimensión adicional: es una de las formas más concretas de transformar una inversión extractiva en actividad económica que permanece en el territorio.
El debate que abrió Vicuña, y que ahora se amplía con la discusión sobre el “compre local”, puede terminar siendo mucho más importante que una sola licitación.
Porque si Argentina aspira a convertirse en un productor minero de escala internacional, no alcanza con tener los recursos: también necesita desarrollar las empresas capaces de participar de esa industria.
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