La repentina decisión de la operadora minera de prescindir de la planta calingastina, tras apenas cuatro meses de operaciones, enciende las alarmas sobre el manejo de las expectativas comunitarias, el futuro de los proveedores locales y el impacto real en la confianza pública. También está la credibilidad ante los accionistas que en su momento apostaron por una propuesta y que ahora tienen otra.
La reciente presentación de la nueva conducción de Challenger Gold, encabezada por Sonia Delgado como Country Manager de Hualilán y Franco Morales como Gerente General, Yohann Bouchard, CEO interino y el director de Operaciones de Challenger Gold, Felipe Riquelme ante las autoridades del Ministerio de Minería, dejó al descubierto un cambio drástico en el esquema de explotación del yacimiento aurífero. La empresa decidió dejar de lado de manera definitiva la alternativa de procesar sus minerales en la planta de Casposo, un modelo de molienda externa que había sido clave para la puesta en marcha de un proyecto minero de oro en San Juan tras 17 años. En su lugar, la firma apuesta ahora por la construcción de una planta de procesamiento propia en el yacimiento de Hualilán, un plan cuyos plazos de ejecución efectiva y generación de empleo genuino se dilatan de manera considerable en el tiempo.
Esta modificación en el rumbo operativo generó serios cuestionamientos en torno al manejo de las relaciones comunitarias por parte de la empresa. El traslado de mineral desde Ullúm hasta Calingasta comenzó en febrero de 2026, pero fue suspendido de forma imprevista el 18 de junio del mismo año, completando un ciclo operativo de apenas cuatro meses. En su momento, la justificación pública de la operadora apuntaba a la necesidad de revisar la secuencia de trabajo y acumular suficiente volumen de material para hacer más eficiente el proceso de transporte y procesamiento. Sin embargo, la confirmación de que el contrato con Casposo fié cancelado de forma definitiva evidencia que la paralización temporal era en realidad el inicio del abandono total del esquema inicial.
La decisión de rescindir el procesamiento en Casposo impacta de forma directa en el departamento de Calingasta, donde la operadora de Hualilán desplegó intensas gestiones y negociaciones políticas y sociales que llevó a la adecuación de la planta de Casposo, que estaba paralizada desde hace varios años . Para lograr esta puesta a punto, la empresa generó expectativas de desarrollo socioeconómico en la zona, realizando múltiples promesas sobre cómo la producción de oro impactaría en las condiciones laborales y económicas de Calingasta. El proyecto prometía no solo la molienda del material propio de Casposo, sino también la integración a largo plazo de los minerales de Hualilán, lo que garantizaría un flujo continuo de beneficios para la comunidad local.
Este movimiento inicial movilizó a una amplia gama de proveedores de servicios en Calingasta. Comercios e industrias vinculadas al suministro de combustibles, provisión de alimentos, talleres de reparación y todo el andamiaje logístico requerido para el tránsito de minerales entre Ullúm y Calingasta se habían estructurado y acondicionado en función de las promesas de la minera. La interrupción definitiva de este flujo de trabajo tras tan corto período de ejecución deja a la comunidad expuesta a la frustración de proyectos comerciales inconclusos y a una reactivación industrial truncada. De hecho, algunos proveedores habían contraído deudas para tener la infraestructura necesaria para responder a los requerimientos de la empresa operadora de Hualilán.
Aunque la conducción de Hualilán argumenta que la construcción de una planta propia representa una mejora para la provincia y que generará puestos de trabajo adicionales durante su fase de edificación, los plazos anunciados siembran serias dudas sobre la continuidad de los beneficios inmediatos. Las estimaciones de la compañía indican que el inicio de las primeras fases de construcción de la planta, bajo el sistema de lixiviación en pilas, recién se proyecta para fines de 2027 o principios de 2028, mientras que el desarrollo completo del proyecto de la mina grande no se alcanzaría sino hasta los años 2030 o 2031. Esta brecha de varios años entre el cese del transporte a Casposo y la materialización de la planta propia abre un preocupante vacío de actividad productiva concreta y en el caso de Calingasta, el fin de las expectativas de trabajo en torno al emprendimiento ullunero.
Una visión financiera
Los impactos en la licencia social, no solo del proyecto, sino de la minería en general, por este intempestivo cambio, también afecta a la credibilidad de la empresa ante sus accionistas. La empresa cotiza principalmente en la Australian Securities Exchange (ASX) y su cotización está expresada en dólares australianos. Si bien informaron oficialmente que han conseguido un financiamiento de 85 millones de dólares australianos para desarrollar la nueva etapa del proyecto, que en el tintero una suerte de alerta, sobre cómo puede operar esta empresa. El mejor ejemplo de ello es el cambio de actitud. La empresa sostiene que se comunicó por medio de informes de prensa, sin embargo, las explicaciones seguramente las tendrán que dar más arriba, a los accionistas, porque abajo, no las han dado en Calingasta y esto es su materia pendiente.
Desde una perspectiva de gobernanza minera, este tipo de actitudes y cambios imprevistos de estrategia representan un serio riesgo para la licencia social de la compañía y del sector en general. La licencia social no es un permiso administrativo inalterable, sino una construcción de confianza cotidiana entre las empresas y los territorios donde operan. Cuando una minera avanza en negociaciones, genera expectativas laborales concretas, moviliza la economía de una localidad como Calingasta y luego rescinde los acuerdos operativos a los pocos meses, la credibilidad de todo el proyecto se ve resentida. Si bien la empresa acordó la rescisión de mutuo acuerdo con algunas de las firmas transportistas abonando compensaciones equivalentes a tres meses de penalización, la compensación financiera temporal no llega a subsanar el daño de la pérdida de un horizonte laboral estable para los proveedores y trabajadores locales.
La nueva propuesta de Hualilán, respaldada por una inversión internacional reciente de 85 millones de dólares australianos para estudios de ingeniería y prefactibilidad, expone una contradicción latente entre el éxito financiero corporativo y la sustentabilidad de sus compromisos sociales a nivel local. El abandono apresurado del esquema de Casposo demuestra que la planificación inicial careció de la solidez necesaria, dejando a la comunidad de Calingasta con promesas incumplidas y sentando un precedente que debilita la confianza comunitaria indispensable para el desarrollo minero en San Juan.
